Mejora a los programas federales para fortalecer sus procesos y el cumplimiento de sus objetivos sociales

Abstract

In the nineties, to strengthen the new federalism, the federal government implemented with state governments, actions, strategies and programs to overcome extreme poverty and build a comprehensive social development policy in the strategic framework mechanisms and perspective plans National and State Development through the Social Development Agreement. As a fundamental part of the coordination between the federal government and the state, in the reallocation of resources, the federal budget was distributed through projects and actions that drive the economies of the regions of the states in extreme poverty; orienting spending mainly to temporary employment programs, word credits, etc. The shares to Federal Entities and Municipalities have responded to an incomes policy that allows states to obtain resources by signing agreements within the National System of Fiscal Coordination and which are also indefeasible; They cannot be earmarked for specific purposes, nor be subject to withholding resources as they are applied under state and local laws and regulations. Currently, the new federalist formulas approved by Congress promote economic growth of the states, with distributive and redistributive incentives. From the Law of Fiscal Coordination and secondary, such as the Law on Special Tax on Production and Services, and the Federal Law of Rights which modify the allocation of federal funds shares and laws. Decentralization of resources and processes to instances closer to the population, state and municipal and where government policy that allows increased efficiency of the institutions as well as to respond more opportunity and specificity to the government that problems they have identified in the operation and service delivery.

En la década de los noventa, para fortalecer el nuevo federalismo, el ejecutivo federal instrumentó con los gobiernos estatales, acciones, estrategias y mecanismos orientados a superar la pobreza extrema y construir una política integral de desarrollo social en el marco estratégico y perspectiva de los planes Nacional y Estatales de Desarrollo, a través del Convenio de Desarrollo Social. Como parte fundamental de la coordinación entre el gobierno federal y los estatales, en la reasignación de los recursos, el presupuesto federal se distribuyó a través de proyectos y acciones que impulsan las economías de las regiones de las entidades federativas en extrema pobreza; orientando el gasto principalmente a los programas de empleo temporal, créditos a la palabra, etc. Las participaciones a Entidades Federativas y Municipios han respondido a una política de ingresos que permite que los estados obtengan recursos mediante la firma de Convenios dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las cuales son también inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención ya que son recursos aplicados bajo leyes y normas estatales y municipales. Actualmente, las nuevas fórmulas federalistas aprobadas por el Congreso de la Unión promueven el crecimiento económico de las entidades federativas, con incentivos distributivos y redistributivos. A partir de la Ley de Coordinación Fiscal y leyes secundarias, tales como la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la Ley federal de Derechos donde modifican la asignación de participaciones y aportaciones federales. La descentralización de recursos y procesos, hasta las instancias de gobierno más cercanas a la población, estatales y municipales y donde es la política gubernamental la que permite una mayor eficiencia de las Instituciones así como de responder con mayor oportunidad y especificidad a los problemas que se tienen identificados en la operación y la prestación de servicios.