Procedimiento de adjudicación directa y sus efectos legales en el Estado de Michoacán de Ocampo

Abstract

The purpose of a Federal Government is to provide prosperity of its citizens and to achieve it, its political has been based on healthy Public Finance. Public finance can be defined as the management of a country's revenue, expenditures, and debt. The goals of public finance are to recognize when, how and why the government should treat the spending, deficits, and taxation. Public finance in México is regulated by Ley de Ingresos de la Federación and another oficial document called Prespuesto de Egresos de la Federación, and both are executed by administrative bodies who are the managers of acquisitions and public spending. A way of distribute public spending and acquisitions of goods and services is the Direct Award; that it is different from Public Tender, but those premises can only be done if Acquisition Law allowed and stablish the procedures that regulated them. In conclusion there is a significant connection between the process of Direct Award and Healthy Public Finance; is so that if public spending takes action under certain strict process and strict law enforcement it will be an efficient public spending as a result. Means of defense against the authorities failure in a Direct Award are the adjacent mechanisms citizens and companies have in order to appeal some act that they considerate unfair; the help exercise the right to the administration of justice through a fair and impartial trial, and they will be a principal matter of study in the present research.

Uno de los aspectos fundamentales para que el Estado pueda llevar a cabo las actividades para las que fue creado, son unas Finanzas Públicas sanas; y éstas no pueden lograrse sin la perfecta armonización entre la obtención, el manejo y la aplicación de los recursos que éste obtiene de sus diversas fuentes. Dicha conjunción se encuentra regulada en primera instancia por la Ley de Ingresos de la Federación, así como por el Presupuesto de Egresos de la Federación y ejecutada por los órganos administrativos del Estado (principales pilares para su buen funcionamiento) ya que son ellos, a través de las adquisiciones, quienes operan el gasto público. La Adjudicación Directa es una forma de contratación de bienes o servicios que se exceptúa de la Licitación Pública (regla general), por lo que únicamente se podrá llevar a cabo cuando se encuentren dentro de alguno de los supuestos que determina la ley en materia de adquisiciones. Derivado de lo anterior, podemos observar que existe una correlación entre el procedimiento de Adjudicación Directa y unas Finanzas Públicas sanas; es así que, si el gasto público es ejecutado mediante los procedimientos administrativos correctos y bajo la normatividad mencionada, se traduce en un Gasto Público Eficiente. Los mecanismos adyacentes con que se cuenta para no concebir los procedimientos administrativos como arbitrarios, son los medios de defensa los cuáles en el procedimiento que nos atañe en la presente obra, nos ayudan a ejercer el derecho a la impartición de justicia mediante un juicio justo e imparcial.