La exclusión laboral, una condición de discriminación, hacia las personas con discapacidad física y sensorial, en México a partir de 2012-2018

Abstract

Addressing disability from the discourse of human rights is to recognize the members of this sector as subjects with the same rights as the rest of the individuals who do not have any functional diversity, that is why their right to equality must be guaranteed by the State. Under this order of ideas, disability must be analyzed from a perspective of respect for dignity, human diversity, and therefore of all those social barriers consisting of stereotypes and harmful practices, which tend to restrict access to rights. In view that in June 2011, the constitutional reform of the 1st Article was published, which includes the anti-discrimination clause, this in order to guarantee the equality of people. It is important to highlight that the non- discrimination is a form of inclusion, since it allows access to rights. Despite the fact that México has a regulatory framework in favor of people with disabilities, as well as international instruments such as the Convention on the Right of Persons with Disabilities, there is still a great lack of observance and application of them on the part of the authorities, making respect for the rights of said group to progress very slowly, materializing in the various forms of discrimination. Consequently, according to the National Institute of Statistics and Geography, currently in México there are more than 7.7 million inhabitants with some type of disability, of which more than half do not have the possibility of being economically active, due to the lack of opportunity in the labor market, thus violating their right to work, and therefore the possibility of improving their quality of life.

Abordar a la discapacidad desde el discurso de los derechos humanos, es reconocer a dicho sector como sujetos titulares de los mismos derechos que el resto de los individuos que no cuentan con alguna diversidad funcional, es por ello que su derecho a la igualdad debe de ser garantizado por el Estado. Bajo ese orden de ideas, la discapacidad debe de ser analizada desde un enfoque del respeto a la dignidad, la diversidad humana y por ende de todas aquellas barreras sociales consistentes en estereotipos y prácticas nocivas, que tienden a restringir el acceso a los derechos. En vista de que, en junio de 2011, se publicó la reforma constitucional en el artículo 1º, en el cual se contempla la cláusula antidiscriminatoria, ello con la finalidad de garantizar la igualdad de las personas. Siendo importante destacar que la no discriminación es una forma de inclusión, ya que permite el acceso a los derechos. A pesar de que México, posee un marco regulatorio en pro de las personas con discapacidad, así como de instrumentos internacionales como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún existe una gran falta de observancia y aplicación de los mismos, por parte de las autoridades, haciendo que el respeto a los derechos de dicho colectivo avance con gran lentitud, materializándose en las diversas formas de discriminación. Consecuentemente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente en México hay más de 7.7 millones de habitantes con algún tipo de discapacidad, de los cuales más de la mitad no tienen la posibilidad de ser económicamente activos, debido a la falta de oportunidad en el mercado laboral, vulnerando así, su derecho al trabajo, y por ende la posibilidad de mejorar su calidad de vida.