Regulación del protocolo y otras figuras afines, en el régimen jurídico del notariado: el caso del Estado de Michoacán

Abstract

Notary primarily has an ethical obligation, since its function should perform it under the principles of morality, honesty and high spiritual sense. It has a duty to listen and advise parties, writing instruments, read them and explain them, keep them as depositary of the State and individuals, being for this reason that the role of the notary must lie in a person with high qualities for the task so delicate that corresponds play; however, this imperative is falling to the numerous legal actions in which it intervenes; as are to be ticking many of them, by the courts as they are: private deeds, agricultural wills, transfers of land rights, ratifications, disposals subject to conditions, reconciliations up to dated and mandates; that once they are studied by the court, it is up to the conclusion invalidate declaring ineffective the document and the consequences that flow from it, to suffer from invalidity; which creates considerable legal uncertainty among individuals. This was due to the lack of care, attention and due observance of legal norms by those engaged in this work as public notaries. In such a way that that legislation to coat the proper formality and confer legal certainty, it is that it is considered necessary that every legal act performed on the occasion of the notarial function, go and join the protocol, such as a public document, and as to the matches, they pass the respective book pages or certifications for legal certainty thus requiring all individuals who come in demand for such services is guaranteed.

El Notario ante todo, tiene una obligación ética, ya que su función debe desempeñarla bajo principios de moralidad, honradez y alto sentido espiritual. Tiene el deber de escuchar y aconsejar a las partes, redactar los instrumentos, leérselos y explicárselos, conservarlos como depositario del Estado y de los particulares, siendo por esta razón que la función del notariado debe recaer en una persona de altas cualidades, por la tarea tan delicada que corresponde desempeñar; sin embargo, este imperativo está decayendo ante el cúmulo de actos jurídicos en los que interviene; al estarse tildando muchos de ellos, por los órganos jurisdiccionales como lo son: escrituras privadas, testamentos agrarios, cesiones de derechos agrarias, ratificaciones, enajenaciones bajo condición resolutoria, cotejos ante fechados y hasta mandatos; que una vez que son objeto de estudio por parte del tribunal, se arriba a la conclusión de invalidarlos, declarando ineficaz ese documento y las consecuencias que de él se derivan, al adolecer de nulidad; lo que crea gran incertidumbre jurídica entre los particulares. Esto, producto de la falta de cuidado, atención y debida observancia de las normas jurídicas por parte de quienes ejercen esta labor como fedatarios públicos. De tal suerte que, para revestir dichos actos jurídicos de la adecuada formalidad y conferirles certeza jurídica, es que se estima imprescindible que todo acto jurídico realizado con motivo de esta función notarial, pase y se inscriba en el protocolo, como escritura pública, y en lo que toca a los cotejos, que éstos pasen al libro de folios o certificaciones respectivo, para que con ello se garantice la seguridad jurídica que exigen todos los particulares que acuden en solicitud de dichos servicios.