Las garantías constitucionales para la víctima o el ofendido en el proceso penal mexicano

Abstract

The present investigation will analyze in a precise and detailed manner the legal difficulty to which the victim is exposed or offended in the development of the criminal process, as part affected by the commission of the crime, since it is not actively legitimized His participation in the judicial legal relationship, when in the issuance of a judicial decision affects his interests, not only with regard to the payment of compensation for damages, but also when the defendant is acquitted of the custodial penalty and The concept of reparation of damage, etc., as well as in other aspects in which their particular interests are directly affected. Even when the government began to worry that there was equality and equality between the parties in the process at the time of the criminal proceedings, and to avoid that the way in which the same persons affected could continue to take justice in their own hands By eye and tooth for tooth), was only adapted according to the needs that were emerging in society, but far from there being a legal balance between the parties, little by little the balance was tilted in favor of the accused, until To the present time that those rights and guarantees that are regulated in the Political Constitution of the United Mexican States for the victim or offended, compared with those that are conferred for the accused or accused, in the current legal practice, do not really guarantee in Effectively a benefit for the party affected by the commission of a criminal offense.

En la presente investigación se analizará en forma precisa y detallada la dificultad jurídica a la que se expone la víctima u ofendido en el desarrollo del proceso penal, en cuanto parte afectada por la comisión del delito, toda vez que no se encuentra legitimada en forma activa su participación en la relación jurídica procesal, cuando en la emisión de alguna resolución jurisdiccional le afecta a sus intereses, no solo en lo concerniente al pago de la reparación del daño, sino también cuando es absuelto el indiciado de la sanción privativa de la libertad y del concepto de la reparación del daño, etcétera, así como en otros aspectos en los que se afecten en forma directa sus intereses particulares. Aun y cuando el gobierno empezó a preocuparse porque existiera una equidad e igualdad entre las partes del proceso en el momento de que se desarrollara el proceso penal, y evitar que siguiera aconteciendo la forma de hacerse justicia por su propia mano las mismas personas afectadas (ojo por ojo y diente por diente), solamente se fue adecuando conforme a las necesidades que iban surgiendo en la sociedad, pero lejos de que existiera un equilibrio jurídico entre las partes, poco a poco se fue inclinando la balanza a favor del inculpado, hasta llegar a la actualidad que esos derechos y garantías que se encuentran reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la víctima u ofendido, comparadas con las que están conferidas para el indiciado o acusado, en la práctica jurídica actual, en realidad no garantizan en forma efectiva un beneficio para la parte afectada por la comisión de una figura delictiva.