Control difuso de constitucionalidad en materia tributaria

Abstract

From the advent of the States of Law, taxes were established in a legal norm, under the principle of reservation of law, according to which the administrators were not required to enter contributions if they were not contained in the law. This gave rise to the establishment of constitutional, legal and doctrinal tax principles, which indicated the parameters according to which the legislator had to elaborate the laws of tax or tax content. Under Mexican law, article 31, section IV, of the Political Constitution of the United Mexican States, establishes that all Mexicans are obliged to contribute to public spending in a proportional and equitable manner provided by law. This results in various constitutional principles such as legality, proportionality, equity and public expenditure, which must be contained in the tax rules, otherwise the individual can challenge them before the competent courts for contravening the Federal Constitution and Violate fundamental rights.

A partir del advenimiento de los Estados de Derecho, los tributos fueron estableciéndose en una norma jurídica, bajo el principio de reserva de ley, conforme al cual los administrados no tenían obligación de enterar contribuciones si las mismas no estaban contenidas en la ley. Ello dio origen al establecimiento de principios tributarios constitucionales, legales y doctrinales, los cuales indicaban los parámetros conforme a los cuales el legislador debía elaborar las leyes de contenido fiscal o tributario. En el orden jurídico mexicano, se establece en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos los mexicanos están obligados a contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De ello se desprenden diversos principios constitucionales como el de legalidad, proporcionalidad, equidad y gasto público, los cuales deben estar contenidos en las normas tributarias, pues de lo contrario, el particular puede impugnarlas ante los órganos jurisdiccionales competentes por contravenir la Constitución Política Federal y violar derechos fundamentales.