La eficacia simbólica e instrumental del discurso oficial del Estado sobre los derechos humanos: caso Cherán

Abstract

The last two presidential terms to Mexico marked the social dynamics parting from a climate of insecurity, violence, and state arbitrariness. The starting point of this situation is found in "the war against organized crime " led by President Felipe Calderon in 2006 that created a hostile environment which is reflected in the increase in crime rates and violence, aggravated by daily human rights violations. This trend remains until today. Against this backdrop of violence, the first article of the Mexican Constitution was reformed on June 11, 2011. The reform entails various legal implications as the principle of conventionality. This principle sets international standards on human rights, signed or ratified by the Mexican government, within the constitutional frame. There is also the pro-persona principle, which mandates the application of the broader and more protective legal norm. The discourse of human rights is flexible, ambiguous and uneven, allowing its mobility and different kinds of appropriation. These can be hegemonic and counter-hegemonic. In this sense, the study of the symbolic (succeeding in imposing meanings) and instrumental (formally applying the rule) efficiencies becomes relevant from the perspective of critical legal sociology, with the help of the theoretical concepts brought by the sociologists Pierre Bourdieu and Mauricio Garcia Villegas. The climate of violence is replicated in Michoacán‘s context. And on these conditions, the indigenous community of Cheran starts in 2011 a movement against violence, insecurity and to defend their forests, which opts in the mobilizing of law by placing two lawsuits, in 2011 and 2012, seeking recognition of two human rights: self-determination and consultation of the peoples, appealing to the first article of the Constitution as well as the principles of conventionality and pro persona.

Los últimos dos periodos presidenciales para México han marcado la dinámica social a partir de un clima de inseguridad, violencia, y arbitrariedad estatal. El punto de partida de esta situación se localiza con ?la lucha contra el crimen organizado? encabezada por el presidente Felipe Calderón en el año 2006, generando un clima hostil que se refleja en el aumento a los índices delictivos y a la violencia, agravándose con las cotidianas violaciones a los Derechos humanos. Esta tendencia se mantiene actualmente. En este contexto de violencia, se reformo el 11 de junio de 2011 el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma trae consigo diversas implicaciones legales como el principio de convencionalidad. Este principio coloca a las normas internacionales de Derechos humanos firmados o ratificados por el gobierno mexicano, dentro del bloque constitucional. También se incluye el principio pro persona, que obliga a la aplicación de la norma más amplia y protectora. El discurso de los Derechos humanos es flexible, ambiguo y disímbolo, lo que permite la movilidad de este y la apropiación del mismo. Estas pueden ser hegemónicas y contra hegemónicas, En este sentido el estudio de las eficacias simbólica (logrando imponer significaciones) e instrumentales (aplicando formalmente la norma) se convierte en relevante, bajo la perspectiva de la sociología jurídica crítica, con ayuda de los conceptos teóricos que aportan los Sociólogos Pierre Bourdieu y Mauricio García Villegas. En el contexto michoacano se replica el clima de violencia. Con estas condiciones la comunidad indígena de Cherán inicia en 2011 una movimiento en contra de la violencia, inseguridad y defensa de sus bosques, que decanta en la movilización del Derecho interponiendo en 2011 y 2012, dos juicios que buscan el reconocimiento de dos Derechos humanos: la libre determinación y la consulta de los pueblos apelando al artículo primero constitucional, al los principios de convencionalidad y pro persona.