This research work seeks to clarify the scope of responsibility with which the maximum body of management of a productive company of the State is subject, specifically the case of Petroleos Mexicanos, because before the so-called "energy reform" of 2013 Various modifications were made regarding the normative framework with which this company was working. The first case we discussed is the change of a parastatal company to a productive company of the state, a situation that is envisaged by article 25 and 27 of the Political Constitution of the United Mexican States in which, when considered as a company of the state It must respond to the same state and, therefore, the people on whom it depends that the national company is maintained. As a result of the aforementioned paragraph, changes were made to the secondary legislations that form part of the normative framework of the now productive companies of the state, such as the Mexican Petroleum Law, the Organic Law of the Federal Civil Service, the General law of administrative responsibilities, the Federal law of parastatal entities, among others. The case that detonates the problems that we intend to clarify, is the moment in which these legislations when being modified exempted from the responsibility to the administrative bodies of a company of the state, so that at present they are not considered as Public servants, however, even if it has changed its denomination, its legal nature continues responding to the Mexican state and therefore must be very clear to which responsibility are subject, as they must continue responding to Your service to our country.
El presente trabajo de investigación busca esclarecer el ámbito de responsabilidad con que está sujeto el máximo órgano de dirección de una Empresa Productiva del Estado, específicamente del caso de Petróleos Mexicanos, pues ante la llamada “reforma energética” de 2013 se realizaron diversas modificaciones en cuanto al cuadro normativo con que venía trabajando esta empresa. El primer caso que comentamos es el cambio de una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado, situación que está prevista así por el artículo 25 y 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el que, al ser considerada como empresa del Estado debe responder ante el mismo Estado y, por lo tanto, las personas de las que depende que dicha empresa nacional se mantenga. Como resultado de lo comentado en el párrafo anterior, se realizaron los cambios correspondientes a las legislaciones secundarias que forman parte del marco normativo de las ahora empresas productivas del Estado, como lo son la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, entre otras. El caso que detona la problemática que pretendemos aclarar, es el momento en el que estas legislaciones al ser modificadas eximieron de la responsabilidad a los órganos de administración de una empresa del Estado, por lo que en la actualidad no son considerados como servidores públicos, sin embargo, aun cuando haya cambiado su denominación, su naturaleza jurídica continúa respondiendo al Estado mexicano y por lo tanto deben tener muy en claro ante cual responsabilidad se encuentran sujetos, ya que deberán seguir respondiendo ante su servicio para con nuestro país.
