Un nuevo paradigma constitucional: la eliminación de las políticas prohibicionistas de drogas en México a través del juicio de amparo

Abstract

The rates of violence and crime within the Mexican State have grown exponentially. This has caused a weakening of the powers and institutions of the State, which can be translated as a loss of governability, which is reflected in a crisis in terms of human rights. Those who have profited from this problem of violence and insecurity are criminal groups, especially drug cartels. Thus, those who have been solving these problems have been the constitutional judges, who, through their resolutions, have established standards and parameters so that the powers and institutions of the State do their work in accordance with the constitutional and conventional framework to fully guarantee the rights and human freedoms. There is a Jurisprudential mandate, 1a./J. 10/2019 (10th), and a General Declaration of Unconstitutionality 1/2018, both issued by the Supreme Court of Justice of the Nation (hereinafter SCJN), but we still do not have a secondary law for the regulation of cannabis, which allows us to understand that what the SCJN does has not done much to eliminate prohibitionist regarding the issue of cannabis consumption in the country. The excessive use of criminal law continues to be applied. That cannabis be regulated normatively in Mexico is not a fashionable issue, it is a necessity, since, if this new cannabis policy works, which emanates from the parameters indicated by the SCJN, it will allow us in the near future to decriminalize and in If appropriate, expand the catalog of drugs considered strong for human consumption. This would directly impact the interests of the drug cartels, and it is not a crazy idea, on the contrary, it is a position well supported by the international experience of the cases of Uruguay and Bolivia.

Los índices de violencia y criminalidad dentro del Estado mexicano han crecido exponencialmente. Esto ha ocasionado un debilitamiento en los poderes e instituciones del Estado, lo que se puede traducir como una pérdida de gobernabilidad, misma que se ve reflejada en una crisis en materia de derechos humanos. Quienes han lucrado de esta problemática de violencia e inseguridad, son los grupos criminales, especialmente, los cárteles de la droga. Así, pues, quien ha ido solucionando estas problemáticas han sido los jueces constitucionales, quienes, mediante sus resoluciones, han establecido estándares y parámetros para que los poderes e instituciones del Estado hagan su trabajo de acorde al marco constitucional y convencional para garantizar plenamente los derechos y libertades humanas. Existe un mandato Jurisprudencial, 1a./J. 10/2019 (10a.), y una Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, ambas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), pero, seguimos sin tener una ley secundaria para la regulación del cannabis, lo que nos permite comprender que el que hacer de la SCJN, no ha servido de mucho para eliminar el prohibicionismo en cuanto al tema del consumo de cannabis en el país. Se sigue aplicando el uso excesivo del derecho penal. Que se regule normativamente el cannabis en México, no es un tema de moda, es una necesidad, ya que, de funcionar esta nueva política del cannabis, que emana de los parámetros señalados por la SCJN, nos permitirá en tiempos próximos, despenalizar y en su caso ampliar el catálogo de drogas consideradas fuertes, para consumo humano. Esto impactaría directamente en los intereses de los cárteles de la droga, y, no es una idea alocada, por el contrario, es una postura bien sustentada por la experiencia internacional de los casos de Uruguay y Bolivia.