Since the recognition of the right to information in Mexico, it has had a close relationship with the electoral right, starting from its recognition, this is because derived from a package of electoral reforms, Article 6 of the Constitution is modified, in order to to recognize the right to information. However, this reform was only aimed at recognizing political parties' time in the media, changing the application of this article until it was expanded to the different branches to which this right is applicable. In this same way, and continuing with the relationship between these rights, the electoral branch used the right to information in order to regain the trust of the citizens that they had lost, using transparency to do so. This is how transparency entered the electoral branch, giving obligations to political parties, being stricter in electoral periods, in order to give certainty to the citizens of the elections and therefore, of the rulers they will have. elected in fair elections. For this reason, different sanctions were implemented for political parties who did not comply with these requirements, such as financial fines, up to and including the repetition of the elections, such as fines for political parties or candidates, since that candidacy could be withdrawn. This is where the problem of this investigation arises, since first of all, the LFTAIP Law states that financial fines cannot be covered with public resources, which is done in these cases, since the fine is directly deducted from the budget of the political party, and secondly, LEGIPE points out that the election candidate is not an obligated subject, only a solidarity party, however, and in different cases, he has also been sanctioned.
Desde el reconocimiento del derecho de la información en México, este ha tenido una estrecha relación con el derecho electoral, partiendo desde su reconocimiento, esto debido a que derivado de un paquete de reformas electorales, es que se modificó el artículo 6º constitucional, a fin de reconocer el derecho de la información. Sin embargo, esta reforma únicamente estaba encaminada a reconocer el tiempo en los medios de información a los partidos políticos, cambiando la aplicación de este artículo hasta ampliarlo a las diferentes ramas que este derecho es aplicable. De esta misma forma, y continuando con la relación entre estos derechos, la rama electoral utilizo del derecho de la información a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía que, y habían perdido, usando la transparencia para ello. Así es como la transparencia entro en la rama electoral, dando obligaciones a los partidos políticos, siendo más estrictos en los periodos electorales, a fin de dar la certeza a la ciudadanía de las elecciones y, por ende, de los gobernantes que van a tener fueron elegidos en unas elecciones justas. Por ello se implementaron diferentes sanciones a los partidos políticos quienes no cumplieran con estos requisitos, como lo es la multa económica, hasta inclusive la repetición de las elecciones, siendo multas a los partidos políticos o a los candidatos, ya que se pude retirar esa candidatura. Eh aquí donde surge a problemática de la presente investigación, ya que, en primer lugar, la Ley de LFTAIP señala que las multas económicas no pueden ser cubiertas con recursos públicos, cosa que se hace en estos casos, ya que la multa es directamente descontada del presupuesto del partido político, y en segundo lugar, la LEGIPE señala que el candidato a elección no es sujeto obligado, únicamente solidario, sin embargo, y en diferentes casos, este también ha sido sancionado.
