The Mexican State, like any other, has the need to collect income to achieve its goals and significantly improve the lives of its citizens; For this reason, it carries out measures to capture a greater amount of income and verify whether what is declared by taxpayers is really what corresponds to them. One of these measures is the presumptive determination of income, which aims to guarantee compliance with tax obligations and combat tax evasion; However, for the taxpayer, it represents an authoritarian act that lacks legality, since a presumptive determination can never enjoy certainty; there will always be a margin of error that will reduce its legality. The present investigation is carried out with the purpose of proving that the determinations made by the authority to taxpayers in a presumptive manner are illegal as they do not have full evidence to prove their statements, since the fiscal norm is a norm of strict application, the law should be modified to provide both the authority and the taxpayer with legality when generating tax credits based on this type of determinations.
El Estado Mexicano como cualquier otro tiene la necesidad de allegarse de ingresos para realizar sus fines y mejorar de manera significativa la vida de sus ciudadanos; por ello, realiza medidas para lograr captar una mayor cantidad de ingresos y verificar si efectivamente lo declarado por los contribuyentes es realmente lo que les corresponde. Una de estas medidas es la determinación presuntiva de ingresos que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir la evasión fiscal; sin embargo, representa para el contribuyente un acto autoritario que carece de legalidad, ya que nunca una determinación de carácter presuntivo puede gozar de certeza, siempre existirá un margen de error que le disminuirá su legalidad. La presente investigación se realiza con la finalidad de probar que las determinaciones que realiza la autoridad a los contribuyentes de manera presuntiva son ilegales al no contar con pruebas plenas que acrediten sus dichos, siendo la norma fiscal una norma de aplicación estricta debería modificarse la ley para brindar tanto a la autoridad como al contribuyente de legalidad al generar créditos fiscales basados en este tipo de determinaciones.
