This thesis analyzes the effective implementation of Information and Communication Technologies (ICTs) in administrative contentious proceedings in the state of Michoacán, focusing on their impact on the efficiency, accessibility, and modernization of the legal system. The study explores the national and international legal frameworks that support the use of ICTs in the delivery of justice, as well as their implications for due process and human rights. It examines technical components such as hardware and software, along with the structural, social, and regulatory challenges involved in their proper adoption. Through a critical analysis, areas of opportunity are identified and strategic proposals are made to strengthen the use of digital tools in favor of a more transparent, agile, and inclusive justice system. The study concludes that digital transformation in the administrative legal field is both necessary and achievable, provided it is implemented ethically, gradually, and based on fundamental human rights standards.
La presente tesis analiza la implementación efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en los procedimientos contenciosos administrativos en el Estado de Michoacán, considerando su impacto en la eficiencia, accesibilidad y modernización del sistema jurídico. A lo largo del trabajo se examina el marco teórico y legal nacional e internacional que fundamenta el uso de TIC’s en la impartición de justicia, así como sus implicaciones en el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Se abordan elementos técnicos como el hardware y software necesarios, así como los desafíos estructurales, sociales y normativos para su adecuada adopción. Mediante un análisis crítico, se identifican áreas de oportunidad y se proponen estrategias para fortalecer el uso de herramientas digitales en beneficio de una justicia más transparente, ágil e incluyente. El estudio concluye que la transformación digital en el ámbito administrativo es necesaria y posible, siempre que se garantice una implementación ética, gradual y sustentada en estándares de derechos fundamentales.
