Throughout the 19th century, the Mexican State undertook efforts to foster a sense of nationhood among the population, for which the formation of citizenship through teaching became a key factor. Nevertheless, the exclusive nature of instruction was not successfully reversed; it remained confined to those individuals with sufficient economic solvency and the time availability not fully consumed by paid labor or family support. Although attempts were made to extend teaching, conditions of inequality and geographical distance between municipalities and communities hindered equitable access to education. Following the rise of Porfirio Díaz to power, Mexico experienced a series of transformations in the political and social spheres. One of these changes, encompassing both spheres, was public teaching. Towards the late 19th and early 20th centuries, both the figure of Díaz in government and collaborators such as Justo Sierra and Alberto J. Pani prioritized popular instruction. In this context, for the first time in Mexican history, instruction acquired its own governing body. Teaching ceased to be conceived as an appendage of other institutions, and the Secretariat of Public Instruction and Fine Arts was created in 1905. The decline of the Porfiriato brought significant advances for public teaching, such as the re-establishment of the National University (1910). However, due to factors such as the lack of trained teachers, the linguistic disconnect in rural areas, and the deep-rooted religious presence in the territory, efforts in basic education proved insufficient. In turn, the end of the Porfiriato with the Mexican Revolution and the new ideas of the constitutionalism of 1917 led, years later, to the formation of the Secretariat of Public Education (SEP) (1921), headed by José Vasconcelos.
A lo largo del siglo XIX, el Estado mexicano emprendió esfuerzos para fomentar una dinámica de nación entre la población, para lo cual la conformación de ciudadanía por medio de la enseñanza se convirtió en un factor clave. No obstante, no se logró revertir el carácter privativo de la instrucción, que continuó circunscrita a aquellos individuos con suficiente solvencia económica y disponibilidad de tiempo para no dedicarlo íntegramente al trabajo remunerado o al sustento familiar. Si bien se realizaron intentos por extender la enseñanza, las condiciones de desigualdad y la distancia geográfica entre municipios y comunidades obstaculizaron el acceso equitativo a la educación. Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder, México experimentó una serie de transformaciones en los ámbitos político y social. Uno de estos cambios, que comprendió ambas esferas, fue la enseñanza pública. Hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, tanto la figura de Díaz en la gubernatura como la de colaboradores como Justo Sierra y Alberto J. Pani, otorgaron prioridad a la instrucción popular. En este contexto, por primera vez en la historia de México, la instrucción tuvo su propio ente rector. Se dejó de concebir la enseñanza como un apéndice de otras instituciones y se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905. El ocaso del porfirismo trajo consigo avances importantes para la enseñanza pública, como la reinauguración de la Universidad Nacional (1910). Sin embargo, debido a factores como la falta de profesores capacitados, la desconexión lingúística en las zonas rurales y la arraigada presencia religiosa en el territorio, la labor en materia de educación básica fue insuficiente. A su vez, el fin del porfirismo con la Revolución mexicana y las nuevas ideas del constitucionalismo de 1917 dieron pie, años más tarde, a la conformación de la Secretaría de Educación Pública (1921), dirigida por José Vasconcelos.
