Regulatory omission can be understood as the abstention or neglect of an authority empowered to issue regulations when a constitutional mandate exists. In Mexico, approximately one-third of the state’s contemplate the concept of legislative omission, establishing a procedure within the local constitutional courts through which they compel the legislator to comply with the legislative obligations derived from a constitutional mandate. However, at the federal level, there is no means of constitutional review to address this problem. This paper draws on comparative law, specifically in Costa Rica, Colombia, and Spain, countries whose constitutions include mechanisms to address legislative omission. The aim is to identify areas of opportunity to determine whether it is feasible to include a new means of constitutional review so that any citizen can appeal to the courts and compel the authorities with the power to issue orders to comply with the unconstitutional mandate that has been ignored.
La omisión normativa puede entenderse como la abstención o descuido que realiza una autoridad que cuenta con facultades otorgadas para la expedición de normativas, cuando se tiene la existencia previa de un mandato constitucional. En México aproximadamente un tercio de las entidades federativas contemplan la figura de la omisión legislativa, estableciendo un procedimiento dentro de la justicia constitucional local a través del cual conminan al legislador a dar cumplimiento a las obligaciones de legislar derivadas de un mandato constitucional. No obstante, en el ámbito federal no se cuenta con un medio de control constitucional para atender esta problemática, en el presente trabajo se hace uso del derecho comparado específicamente, Costa Rica, Colombia y España, países que, dentro de sus constituciones, cuentan con mecanismos para hacer frente a la omisión legislativa. Con ello se busca encontrar los campos de oportunidad para que saber si es factible la inclusión de un nuevo medio de control constitucional para que cualquier ciudadano pueda acudir a la instancia jurisdiccional y se conmine a las autoridades con facultades para expedir a dar cumplimiento al mandato inconstitucional que se haya ignorado.
