This doctoral thesis examines the management of justice in socio-environmental conflicts (CSA) through a case study of the El Zapotillo dam in Jalisco, Mexico. The research is grounded in a qualitative methodology with a phenomenological orientation, drawing on semi-structured interviews, discourse analysis, and a systematic review of the national jurisprudence. The theoretical framework contrasts orthodox, heterodox, and alternative approaches to justice, from which it develops an operational concept of justice management aimed at safeguarding human dignity and the conditions for life. The study demonstrates how the State’s institutionalized positions shaped the conflict across two distinct political phases: the neoliberal period (1982–2018), characterized by «power diversion», structural asymmetries, and the commodification of water; and the period of so-called «mexican humanism» (2018–present), which enabled a shift toward dialogue and restorative justice mechanisms. This process culminated in the 2021 Justice Plan, which protected the communities of Temacapulín, Acasico, and Palmarejo from inundation. The findings indicate that, although a partial form of justice was achieved through sustained community resistance, structural shortcomings persist, as the neoliberal legal framework and a supply-oriented water policy remain largely intact, thereby rendering environmental justice contingent upon shifting and circumstantial political will.
El presente trabajo de tesis analiza la gestión de justicia en los conflictos socioambientales (CSA) a través del estudio de caso de la presa El Zapotillo, en Jalisco. La investigación se sustenta en una metodología cualitativa con enfoque fenomenológico, empleando entrevistas semiestructuradas, análisis del discurso y una revisión sistemática de jurisprudencia nacional. El marco teórico contrasta los enfoques de justicia ortodoxo, heterodoxo y alternativo, construyendo un concepto operativo de gestión de justicia orientado a la protección de la dignidad y la vida. El estudio revela cómo las posturas institucionalizadas del Estado configuraron el conflicto en dos etapas políticas: el periodo neoliberal (1982-2018), marcado por el «desvío de poder», asimetrías y la mercantilización del agua; y el «humanismo mexicano» (2018-actualidad), que permitió un viraje hacia el diálogo y la justicia restaurativa. Esto culminó en el Plan de Justicia de 2021, que salvaguardó a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de la inundación. Se concluye que, aunque se logró una justicia parcial gracias a la resistencia comunitaria, persisten fallas estructurales, pues el marco legal neoliberal y la política hídrica basada en la oferta permanecen intactos, haciendo que la justicia ambiental dependa aún de la voluntad política coyuntural.
