In the realm of Administrative Law, any state action—whether through the Police or a Traffic Officer—must operate under the principles of legality, due process, and strict adherence to Social Order. When a Public Official exercises police power and issues a Traffic Ticket, it must be an Administrative Act that complies with the requirements of legal basis and justification, as established by Article 16 of the Constitution and the Code of Administrative Justice of the State of Michoacán. The legal basis requires clearly citing the applicable provision—including clauses, sections, and subsections—that supports the attributed conduct, so that the legal foundation of the act is understood. Furthermore, the justification must describe, with sufficient precision, the specific circumstances: what, how, when, and where the events occurred, as well as the logical correlation between the invoked regulations and the observed facts. When these requirements are not met, the act becomes illegal and may be declared null and void. Therefore, proper legal basis, justification, and competence are essential, since if the issuing agent or authority lacks the power to impose a sanction, this constitutes a defect that also renders the act null and void. This principle is related to social order, as only those duly authorized and acting in accordance with the law can affect citizens' rights without violating constitutional guarantees.
En el ámbito del Derecho Administrativo, cualquier acción estatal -ya sea a través de la Policía o un Agente de Tránsito- debe actuar bajo los principios de legalidad, debida competencia, y con estricto apego al Orden Social, ya que cuando un Funcionario Público ejerce el poder de policía y emite una Boleta de Infracción, debe tratarse de un Acto Administrativo que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, tal como lo señala el precepto legal 16 constitucional y el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. La fundamentación legal exige citar con claridad el precepto aplicable— incluyendo incisos, fracciones y apartados—que sustenten la conducta atribuida, de forma que se comprenda la base jurídica del acto, por otra parte, la motivación debe describir, con suficiente precisión, las circunstancias especiales, el qué, cómo, cuándo y dónde acontecen los hechos, así como la correlación lógica entre las normas invocadas y los hechos observados. Cuando estos requisitos no se satisfacen, se incurre en ilegalidad y el acto administrativo puede quedar condenado a ser nulo, por ello, la fundamentación y motivación, así como la competencia son esenciales, toda vez que, si el Agente o autoridad emisora carece de facultad para imponer una sanción, resulta un vicio que también provoca la nulidad del acto. Este principio guarda relación con el Orden Social, ya que solo quienes estén debidamente facultados y actúen conforme a derecho pueden afectar derechos de los ciudadanos sin vulnerar garantías constitucionales. Por lo anterior, si la Tesorería Municipal recibe el pago derivado de una boleta viciada, también se ve involucrada en la cadena del acto administrativo. Si el acto original es declarado nulo, el pago se considera indebido, procede la devolución al ciudadano, a veces incluso con intereses, afectando el erario público por las malas prácticas de los funcionarios.
