The current situation of Mexican society can not be understood apart from the complex armed process that the country has experienced since September 23, 1965. From that date and until today, according to Carlos Montemayor and Veronica Oikión, the rural guerrilla and the Have maintained cycles of recurrence and latency. Since then, to date, the State's response has been almost exclusively military, tending to annihilate the armed groups. There has been no real interest in understanding and removing the causes of these violent manifestations; Social needs and political demands continue to be ignored. It seems that the Mexican State reissues the response to the social mobilizations, following the pattern that marks the neighboring country to the north, subordinating to it its own national security. Since 11 September 2001, the United States has set up a new but equal or more dangerous enemy than "international communism", it is about "international terrorism". The objective is the same of those times: to secure the hegemonic power. Now as at that time, Mexico came to the call that the Americans made to him on April 30, 2008, to stop this new threat. On June 26 of that same year the Federal Penal Code was reformed to bring it into line with the law of the powerful State in the matter, where Carlos Montemayor's assessment was made atypical, characterized more by the effect of "terror in the Population, than by substantive attributes in the action of the probable delinquent. " With this and other reforms and additions to the same Code, such as the inclusion of the crime of equalized kidnapping, what is actually sought is to criminalize social protest, a clear setback to the years we are studying where the legal instrument to repress any nonconformity Of substance was the crime of social dissolution, and we know what this caused: some groups decided to respond to "repressive violence" with "revolutionary violence."
La situación actual de la sociedad mexicana no puede entenderse al margen del complejo proceso armado que ha vivido el país desde el 23 de septiembre de 1965. Desde esa fecha y hasta nuestros días, de acuerdo con Carlos Montemayor y Verónica Oikión la guerrilla rural y la urbana han mantenido ciclos de recurrencia y latencia. Desde entonces, hasta el presente, la respuesta del Estado ha sido casi exclusivamente militar, tendiente a aniquilar a los grupos armados. No ha existido un real interés por comprender y apartar las causas que provocan esas manifestaciones violentas; las necesidades sociales y las exigencias políticas continúan ignorándose. Tal parece que Estado mexicano reedita la respuesta a las movilizaciones sociales, siguiendo la pauta que le marca el vecino país del norte, supeditando a él su propia seguridad nacional. A partir de 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos han configurado un nuevo pero igual o más peligroso enemigo que el “comunismo internacional”, se trata del “terrorismo internacional”. El objetivo es el mismo de aquellos tiempos: asegurarse el poder hegemónico. Ahora como en aquél entonces, México acudió al llamado que los estadounidenses le hicieran el 30 de abril de 2008, para frenar esta nueva amenaza. El 26 de junio de ese mismo año fue reformado el Código Penal Federal para ponerlo acorde con la ley del poderoso Estado en la materia, donde en apreciación de Carlos Montemayor se procedió de manera “atípica, caracterizada más por el efecto del “terror en la población, que por atributos sustantivos en la acción del probable delincuente”. Con ésta y otras reformas y adiciones al mismo Código, como la inclusión del delito de secuestro equiparado, lo que en realidad se busca es criminalizar la protesta social, en un claro retroceso a los años que estamos estudiando donde el instrumento jurídico para reprimir cualquier inconformidad de fondo era el delito de disolución social, y ya sabemos lo que esto provocó: algunos grupos decidieron responder a la “violencia represiva” con la “violencia revolucionaria”.
