Since 1977 the right to information should be guaranteed by the Mexican State. 1 However, it was not until 2002 that the exercise of the powers of this right to investigate, receive and disseminate information was disseminated at the national level; Of these elements the access to the public information was detached and was conceptualized like a component of the Mexican democracy, because it implied the publication of the acts and decisions of the public administration. Both constitutional reforms made it possible to access public information without providing it with a rule regulating an essential part, the administrative archives, collections that safeguard the documentation that is the product of administrative actions. For many years these precincts have been governed by ISAD (G), 2 since the Mexican Constitution did not consider the archives as part of the right to information until the reform of July 20, 2007, where it was included in the Section V of the Constitution, that "obligated parties shall preserve their documents in up-to-date administrative files and publish, through available electronic means, complete and up-to-date information on their management indicators and the exercise of public resources".
Desde 1977 el derecho a la información debería ser garantizado por el Estado mexicano. 1 Sin embargo, no fue sino hasta el año 2002 cuando se difundió a nivel nacional el ejercicio de las facultades que tiene este derecho que son las de investigar, recibir y difundir información; de estos elementos se desprendió el acceso a la información pública y se conceptualizó como un componente de la democracia mexicana, porque suponía la publicación de los actos y decisiones de la administración pública. Ambas reformas constitucionales posibilitaron el acceso a la información pública sin dotarlo de una norma que regulara una parte esencial, los archivos administrativos, acervos que resguardan la documentación que es producto de las acciones administrativas. Muchos años estos recintos han funcionado regidos por la norma ISAD (G), 2 ya que la Constitución Mexicana, no contempló a los archivos como parte del derecho a la información sino hasta la reforma del 20 de julio de 2007, donde se incluyó en la fracción V del artículo 6o Constitucional que “los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobres sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.
