During the study on the subject of "Violations of the fundamental rights the suspect in the preliminary investigation or the development of the ministerial investigation" and various concepts that have been handled in the preparation of this study it was determined that the Ministry it is a public institution under the State (Executive), who has claimed responsibility for the performance of a public service or represent the company. The Mexican Constitution mandates that criminal justice always attend to the respect of human rights, however, constantly observed that the Public Ministry, violates the fundamental rights of the accused enshrined in Article 20 of the Constitution, in the integration of the preliminary criminal investigation the purpose of prosecutions before the court. The investigation and prosecution of offenses pertains to the Public Ministry, which will be assisted by the judicial police will be under his immediate command and authority. As we can see in above-mentioned Article 21 of the Constitution is clear that the main task of the Public Prosecutor's persecutory function, but not only the crime is pursued, its action extends to other areas of public administration. The Public Ministry is an institution of the executive, chaired by an attorney general, who is responsible for prosecuting all crimes and that trials are conducted with regularity to the administration of justice is prompt and efficient. In the state of Michoacan, prosecutors and social representative it is, you have to ensure the safety and welfare of our society, which is why it is an institution in good faith, should not act in its own interests, but also in interest of society, seeking justice, and how it has an interest in the guilty be punished, and that respects the innocent, so the prosecution must act in a way that satisfies both requirements and the inescapable respect and indispensable for human rights or fundamental rights of the accused.
Durante el estudio realizado sobre el tema de “Las violaciones de los derechos fundamentales al indiciado en la averiguación previa o en el desarrollo de la investigación ministerial” y de los varios conceptos que se han manejado en la elaboración del presente trabajo se determinó que el Ministerio Público es una Institución dependiente del Estado (Poder Ejecutivo), quien tiene atribuido el desempeño de un servicio público o representar a la sociedad. La Constitución Mexicana ordena que la justicia penal atienda siempre al respeto de los derechos del hombre, sin embargo, constantemente observamos que el Ministerio Público, viola los derechos fundamentales del indiciado consagrados en el artículo 20 constitucional, dentro de la integración de la averiguación previa penal, con el propósito de ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de la policía ministerial que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Como podemos apreciar en lo mencionado con anterioridad del artículo 21 constitucional se desprende que la atribución principal del Ministerio Público es la función persecutoria, pero no solo se persigue el delito, su actuación se extiende a otras esferas de la administración pública. El Ministerio Público, es una institución dependiente del Poder Ejecutivo, presidido por un procurador general, quien tiene a su cargo la persecución de todos los delitos y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita. En el Estado de Michoacán, el Ministerio Público como representante social que lo es, tiene que velar por la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad, razón por la cual es una institución de buena fe, no debe de actuar en provecho propio, sino en interés de la sociedad, busca la justicia, y como esta tiene interés en que se castigue a los culpables, como en que respete a los inocentes, por lo tanto el Ministerio Público debe actuar de una manera que satisfaga ambas exigencias y con el respeto ineludible e indispensable de los derechos humanos o derechos fundamentales del indiciado.
