The aim of this work is the study of the two legal systems in criminal procedure still govern the world; we refer to the "inquisitorial" systems "adversarial"; the first, and very little applied, at least in America, because only remains in force in most of the states of Mexico and at the federal level as well as in the Republic of Panama. The second, already applied in Europe and the United States for more than a century and only in the late twentieth century, was first applied in Chile, Argentina and Uruguay. And in this century it was introduced in the rest of Central and South America. From this analysis we find if indeed positive or not the application of the adversarial, or what is known as "oral proceedings" criminal justice system and what it represents, theoretically and practically eliminate the inquisitorial justice system in criminal proceedings. This solution will be found by referring briefly on what are individual rights, their origin and changes in order to analyze the constitutional reform mentioned orders apply the adversarial system. then we conclude with considerations to tell us whether it is feasible to change and, if so, understand their pros and cons in case there are both. Hypothetically it assumes that the change will be positive, because its focus is to benefit those accused of a criminal offense, as they enjoy a number of safeguards that currently do not have; including, streamline processes and prevent countless abuses in the investigation by the Public Ministry and the Judicial Police. In addition, also in the sentences handed down by judges who are said, colloquially, to judges a record and not the person prosecuted, which not even known to the system currently in force in Mexico. Also, it is assumed, it will be a special savings for the state, personal, office and time-man work, by streamlining legal procedures.
El objetivo de este trabajo consiste en el estudio de los dos sistemas jurídicos que en materia procesal penal rigen todavía en el mundo; nos referimos a los sistemas „Inquisitorio‟ y „Acusatorio‟; el primero, ya muy poco aplicado, cuando menos en América, ya que solamente sigue vigente en la mayoría de los estados de la República Mexicana y a nivel federal, así como en la República de Panamá. El segundo, ya se aplica en Europa y Estados Unidos desde hace más de una centuria y, apenas a fines del siglo veinte, se comenzó a aplicar en Chile, Argentina y Uruguay. Ya en el presente siglo se instauró en el resto de Centro y Sudamérica. De este análisis deberemos encontrar si efectivamente es positiva o no la aplicación del sistema procesal penal acusatorio, o lo que se conoce como „juicios orales‟ y lo que representa, teórica y prácticamente, eliminar el sistema procesal inquisitorio en el proceso penal. Esta solución la encontraremos haciendo una breve referencia respecto a lo que son las garantías individuales, su origen y cambios, para así analizar la reforma constitucional que ordena aplicar el mencionado sistema acusatorio. Concluiremos entonces con las consideraciones que nos indiquen si es o no factible el cambio y, en caso de ser así, entender sus pros y sus contras en caso de que existan unos y otros. Hipotéticamente se supone que el cambio será positivo, pues su enfoque se dirige a beneficiar a los imputados por algún ilícito penal, ya que gozarán de una serie de garantías que en la actualidad no tienen; entre ellos, agilizar sus procesos y evitar infinidad de abusos en la indagatoria por parte del Ministerio Público y la Policía Judicial. Además, también en las sentencias pronunciadas por los jueces de quienes se dice, coloquialmente, que dictan sentencia a un expediente y no a la persona procesada, a la cual ni tan siquiera conocen con el sistema que rige actualmente en México. También, se supone, será posible un ahorro especial para el Estado, en personal, material de oficina y tiempo-trabajo-hombre, al agilizar los procedimientos jurídicos.
