Access to public information is a right that has every person, which is legally recognized in democratic systems in modern times. The constitutional recognition of the right of access to information in democratic societies ensures the exercise of this right to individuals before the deterioration of public institutions, which is manifested in acts of disinterest and their violation by the actions of the rulers and public servants , By hiding what was done in the public function. The right of access to government information is a public issue that is important to overcome the aforementioned aspects of totalitarian and authoritarian systems at a time when power is being opened and human rights must be respected in the face of institutional deterioration . Mexico is part of the legal recognition of the right of access to public information in recent times. However, it has been instrumental mainly in the areas of the federal government and the states, while the municipalities have lagged behind in complying with constitutional and legal obligations in this area.
El acceso a la información pública es un derecho que tiene toda persona, mismo que se encuentra reconocido jurídicamente en los sistemas democráticos en los tiempos actuales. El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información en las sociedades democráticas asegura el ejercicio de dicho derecho a las personas ante el deterioro de las instituciones públicas, que se manifiesta en actos de desinterés y su violación por la actuación de los gobernantes y servidores públicos, al ocultar lo realizado en la función pública. El derecho de acceso a la información de los gobiernos es una cuestión pública que resulta importante para superar los aspectos antes mencionados, propios de los sistemas totalitarios y autoritarios en momentos en que se apertura el poder y es necesario respetar los derechos humanos ante los deterioros institucionales. México se inscribe en el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información pública en los últimos tiempos. No obstante, se ha instrumentado fundamentalmente en los ámbitos del gobierno federal y de los estados, en tanto los municipios se han rezagado en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en esta materia.
