Environmental law in Mexico has gradually evolved. In fact, it is a branch of the newly created law that finds its first antecedents in 1988 with the entry into force of the general law of ecological balance and protection to the environment (LGEEPA), reformed in 1996, and that together With the international treaties signed by Mexico, lay the legal basis for environmental protection. Since then, a number of provisions have been approved and the study has been further developed. However, the regulatory progress is still limited, as it has not managed to regulate in its entirety aspects of great importance for the protection of the environment. Among these major pending issues is the repair of environmental damage. Although there are laws and administrative regulations that regulate the repair of damages, they do not establish an adequate procedure through which those responsible can be required to restore the damage caused, let alone adequately establish the subjects that are entitled to report Or trigger the repair of environmental damage.
El derecho ambiental en México ha evolucionado paulatinamente. En realidad, se trata de una rama del derecho de reciente creación que encuentra sus primeros antecedentes en el año de 1988 con la entrada en vigor de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente (LGEEPA), reformada en 1996, y que junto con los tratados internacionales suscritos por México, sientan las bases jurídicas de protección al ambiente. A partir de ahí, se han aprobado una serie de disposiciones y se ha profundizado en el estudio. Sin embargo, el avance normativo es aún limitado, ya que no se ha logrado regular en su totalidad aspectos de gran importancia para la protección del medio ambiente. Entre estos grandes temas pendientes se encuentra la reparación del daño ambiental. Si bien existen leyes y reglamentos administrativos que regulan la reparación del daño, éstos no establecen un procedimiento adecuado a través del cual se pueda exigir a los responsables el restablecimiento del daño causado, ni mucho menos establece adecuadamente a los sujetos que se encuentran legitimados para denunciar o accionar la reparación del daño ambiental.
