The topic sparked my interest in more than four years ago when I saw a debate on television originated in connection with a research faculty which was established in the Political Constitution of the Mexican state. It was a discussion between the Supreme Court of Justice (SCJ) and members of the Senate who analyzed a constitutional amendment to remove this ability to confer high court and the National Human Rights Commission (CNDH). The research so far has been carried out involving the State and was among indigenous victims, children, low-income people and women. This really made me think that this was an opportunity for the Mexican government conduct a thorough investigation with clear results and of course with not only political but also criminal consequences believing that prison in the most violent scenario, would be the way to do justice victims and their families. At a more detailed reading of what happened to me forwarded to the Constitution and research to analyze its contents and then found that the Supreme Court of Justice at the end of the investigation issued conclusions that those responsible are noted, but these determinations were at the mercy of those in charge of the administration of justice. And, actually, this was one of the reasons that the Court requested that the power of investigation to separate from his duties for not belonging to the judicial nature of it and just be an authoritative moral high value arise the Supreme Court.
El interés en mi tema despertó hace ya más de cuatro años cuando veía en televisión que se originaba un debate en relación a una facultad de investigación que se encontraba establecida en la Constitución Política del Estado mexicano. Se trataba de una discusión entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes del Senado que analizaban una reforma constitucional para retirar esta facultad al máximo tribunal y conferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las investigaciones que hasta el momento se habían llevado a cabo involucraban al Estado y se contaba entre las víctimas a indígenas, niños, personas de bajos recursos económicos y mujeres. Esta realidad me hacía pensar que esa era una oportunidad para que el Estado mexicano realizara una indagación profunda con resultados claros y por supuesto con consecuencias no sólo políticas sino también penales creyendo que la cárcel, en el escenario más violento, sería la forma de hacer justicia a las víctimas y sus familiares. Al realizar una lectura más detallada de lo que ocurría me remití a la Constitución y a las investigaciones para analizar sus contenidos y entonces encontré que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al finalizar la investigación emitía conclusiones en las que se señalaba a los responsables, pero que estas determinaciones estaban a merced de los encargados de la administración de justicia. Y, que en realidad, ésta era una de las razones por las que la Corte solicitaba que la facultad de investigación se separara de sus funciones por no pertenecer a la naturaleza jurisdiccional de la misma y resultar sólo una opinión autorizada con alto valor moral por originarse del máximo tribunal.
