El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, viola el principio de seguridad jurídica, acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y expedita, al no establecer que la convocatoria de remate sea notificada personalmente al contribuyente

Abstract

The Administrative Procedure of Execution, is a procedure to demand the fiscal credits that the taxpayers did not pay in time of which the fiscal authorities are the ones in charge of making those tax credits enforceable because they were not covered or guaranteed. However, we consider that given the existence of a firm tax credit in favor of the federation, a state of objective and subjective insecurity regarding the taxpayer's assets is born, since before the collection of the debt via seizure of goods by the tax authority, if Well, the latter can only seize up to the limit of the debt, the executor acting in the exercise of a regulated and unlimited power, and subjectively, using only his judgment and not the amount owed or the documents shown by third parties, seizes the assets who wants and not what they should be; faculty regulated, discretionary, arbitrary or subjective for indeterminate, but ultimately an act of legality without limits, which directly affects the taxpayer, to later auction off and award bidders the assets subject to seizure. Now, in the case of this thesis under study, article 127 of the Fiscal Code of the Federation provides that it is valid to dispute the coercive economic procedure for violations committed in it, but until the time of publication of the call for auction, in the intelligence that the taxpayer has ten days to file the appeal for revocation; However, this does not mean that it is necessary that the call be made personally known, in order that it has legal certainty of the moment in which it is in possibility of questioning said procedure, [...]

El procedimiento Administrativo de Ejecución, es un procedimiento para exigir los créditos fiscales que los contribuyentes no pagaron en tiempo, de los cuales las autoridades fiscales son quienes serán las encargadas de hacer exigibles esos créditos fiscales porque los mismos no fueron cubiertos o garantizados. Ahora bien se considera que ante la existencia de un crédito fiscal firme a favor de la federación, nace un estado de inseguridad objetiva y subjetiva respecto al patrimonio del contribuyente, pues ante el cobro del adeudo vía embargo de bienes por parte de la autoridad fiscal, si bien esta última sólo puede embargar hasta el límite del adeudo, el ejecutor actuante en ejercicio de una facultad reglada e ilimitada, y de manera subjetiva, valiéndose sólo de su juicio y no del monto adeudado o de los documentos mostrados por terceros, embarga los bienes que quiera y no los que deban ser; facultad reglada, discrecional, arbitraria o subjetiva por indeterminada, pero a final de cuentas un acto de legalidad sin límites, que afecta directamente al contribuyente, para posteriormente rematar y adjudicar a los postores los bienes objeto de embargo. Ahora bien tratándose del tema en estudio de la presente tesis, el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación dispone que es válido controvertir el procedimiento económico coactivo por violaciones cometidas en él, pero hasta el momento de la publicación de la convocatoria a remate, en la inteligencia de que el contribuyente cuenta con diez días para interponer el recurso de revocación; empero, ello no significa que sea necesario que se le dé a conocer personalmente la convocatoria, con el objeto de que tenga certeza jurídica del momento en que está en posibilidad de cuestionar dicho procedimiento, [...]