In the current scenario of accelerated urban growth and an atrocious environmental crisis, it is necessary to ask how the negative environmental impacts are distributed among city dwellers. The answer lies in Urban Environmental Justice. This is based on the recognition that there is an unequal spatial and social distribution of negative environmental impacts, as well as of the positive implications derived from the application of norms and public policies on environmental protection. The case study of urban development in the San Luis Potosi Metropolitan Area shows that urban development in the area is based on the existence of three phenomena: social inequality, socio-spatial segregation and environmental injustice, causing the most disadvantaged social groups in this territory to suffer a disproportionate and unequal burden of the effects of environmental degradation -originated by the existence of dozens of irregular brick kilns and clandestine dumps-, due to the authorization of subdivisions in sites with high levels of direct contamination. This situation has forced them to live in a zone of environmental sacrifice, where their rights, especially to a healthy environment and decent housing, are constantly violated. The research proposes as possible solutions to this context of systemic violation of various rights, the need for legal operators to incorporate the criteria that emanate from International Human Rights Law, as well as the actions that the Mexican legal system provides for the vindication of the right to a healthy environment.
En el panorama actual de acelerado crecimiento urbano y una atroz crisis ambiental, es necesario preguntarse ¿cómo se distribuyen los impactos ambientales entre los habitantes de las ciudades? La respuesta se encuentra en la Justicia Ambiental Urbana. Ésta, parte del reconocimiento que coexiste la desigual distribución espacial y social, tanto de los impactos medioambientales negativos, como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de normas y políticas públicas en materia de protección ambiental. La investigación parte del estudio de caso del desarrollo urbano del Área Metropolitana de San Luis Potosí. En ese análisis, se demuestra que el desarrollo urbano en la zona se ha gestado a partir de la existencia de tres fenómenos: la desigualdad social, la segregación socio espacial y la injusticia ambiental provocando que, en ese territorio, los grupos sociales más desfavorecidos sufran una carga desproporcionada y desigual de los efectos de la degradación ambiental -originada por la existencia de decenas de ladrilleras irregulares y tiraderos clandestinos-, debido a la autorización de fraccionamientos en sitios que presentan altos niveles de contaminación directa. Esa situación les ha obligado a vivir en una zona de sacrifico ambiental, en la que sus derechos, especialmente al ambiente sano, a la vivienda digna y a la salud, son constantemente violentados. La investigación planeta como posibles soluciones a ese contexto de violación sistémica a diversos derechos, la necesidad de que los operadores jurídicos incorporen los criterios que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como las acciones que el sistema jurídico mexicano prevé para la reivindicación del derecho a un medio ambiente sano y para el cumplimiento de las obligaciones de planeación urbana.
