The last presidential election in Mexico, through the electoral process held on the first of July of 2012, ended up as a controversial and questioned by the electoral courts, on the basis of the alleged violations of many constitutional electoral principles. Such situation motivated an interesting integral analysis on the qualification of the process, whose final opinion that was approved, converged in the declaration of validity of the election and the President-elect of México, notwithstanding, the revision and possible electoral reform are necessary in very influential issues such as admission and appraisal of evidence, regulation of public opinion polls and surveys, and finally penalties and sanctions.
La pasada elección presidencial en México, mediante los comicios celebrados el primero de julio de 2012, resultó controvertida y cuestionada por la vía jurisdiccional, sobre la base de la supuesta violación de principios constitucionales electorales. Tal situación motivó un interesante análisis integral sobre la calificación de esa elección, cuyo dictamen final que fue aprobado, confluyó en la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, a la postre, se advierte que es necesaria la revisión y posible reforma a la norma electoral en rubros tales como la admisión y valoración de pruebas, regulación de encuestas y estudios de opinión, y en materia de sanciones. Así como el procedimiento del dictamen de calificación del presidente de la república.
