This paper aims to demonstrate -in the context of constitutional reform to articles 16, 17, 18 , 19, 20 , 21, 22 , 73, 115 and 123 of the Political Constitution of the Mexican United States, june 18 2008- the need to gradually implement the adversarial criminal justice system, starting with minimal judicial districts crime rate, reaching regions like Morelia , Uruapan , Zamora, among others, where the tort density is higher; therefore, to prevent and avoid, when the system is operating around the most affected State- risks that could jeopardize the legal certainty that the new criminal justice system should provide the accused , victim and society in general. Intending, thereby regulating a norm in our procedural law indicating the gradual onset in previous terms of the new adversarial system.
Este trabajo tiene como finalidad demostrar –en el marco de reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de 18 de junio de 2008– la necesidad de implementar gradualmente el sistema de justicia penal acusatorio, comenzando por distritos judiciales de índice delictivo mínimo, hasta llegar a regiones como Morelia, Uruapan, Zamora, entre otros, en los que la densidad delictual es mayor; ello, para para prevenir y evitar –cuando el sistema se encuentre funcionando en todo el Estado– riesgos de mayor afectación que pudiesen poner en peligro la seguridad jurídica que el nuevo sistema de justicia penal debe brindar al imputado, víctima y sociedad en general. Proponiéndose, de esta manera, la regulación de una norma en nuestra legislación procesal que indique el inicio gradual en los anteriores términos del nuevo sistema acusatorio.
