The Mexican State is constituted as a federal republic, which is made up of free and sovereign states in terms of its internal regime; This particularity grants constitutional autonomy to the states and guarantees their operation with total independence from the federal government, with the exception of those provisions that expressly cannot contravene the federal pact. The function of the distribution of competences and the delimitation of its fields of validity are cornerstones of the federal system. In this tenor, the distribution of public power that is carried out territorially, in the different levels of government, is characterized by having its own exclusive and concurrent powers. Within this complex method of complementation, the operation of the federal structure depends in turn on the coordination and joint action of all the entities involved. In accordance with the above, this relationship should not be subordinate, only in the case of exceptional situations, such as the one that the world is now going through due to the SARS-CoV2 virus. In this sense, the actions brought by the Mexican State have generated multiple debates regarding the effectiveness and response capacity, insofar as what the federal government did or should have done when facing the health emergency. The situation is quite critical and the consequences are direct from the legal field, calling into question from the perspective of our federal regime, the structure, functions, powers and actions issued both at the federal and local level due to the pandemic. That is why we carry out a series of reflections regarding federalism and the distribution of powers, the articulation of the federal government and the states and the constitutional legal figures from exceptional situations.
El Estado mexicano está constituido como una república federal, el cual se encuentra integrado por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior; esta particularidad, otorga autonomía constitucional para las entidades federativas y garantizan su funcionamiento con total independencia del gobierno federal, con la excepción, de aquellas disposiciones que de manera expresa no pueden contravenir al pacto federal. La función de la distribución competencial y la delimitación de sus ámbitos de validez, son piedras angulares del régimen federal. En este tenor, la distribución del poder público que de manera territorial se realiza, en los distintos órdenes de gobierno, se caracteriza por tener competencias propias, excluyentes y concurrentes. Dentro de este complejo método de complementación, el funcionamiento de la estructura federal depende a su vez de la coordinación y actuación conjunta de todos los entes involucrados. De acuerdo con lo anterior, esta relación no debe ser subordinada, sólo tratándose de situaciones de excepcionalidad, como la que ahora atraviesa el mundo a causa del virus SARS-CoV2. En este tenor, las acciones interpuestas por el Estado mexicano han generado múltiples debates en cuanto a la eficacia y a la capacidad de respuesta, por cuanto, lo que hizo o debió hacer el gobierno federal al enfrentar la emergencia sanitaria. La situación es bastante álgida y las consecuencias son directas desde el ámbito jurídico, poniendo en entredicho desde una perspectiva de nuestro régimen federal, la estructura, funciones, atribuciones y las acciones emitidas tanto en su ámbito federal como local a causa de la pandemia. Es por ello, que realizamos una serie de reflexiones en cuanto al federalismo y la distribución de competencias, la articulación del gobierno federal y las entidades federativas y las figuras jurídicas constitucionales procedentes en situaciones de excepcionalidad.
