La instauración de un tribunal ambiental en el Estado de Michoacán de Ocampo, como garante de una correcta aplicación de justicia

Abstract

In the state of Michoacan de Ocampo, there are institutions that may tend to give effect to the case constitutional Environmental standards; however, no specific jurisdictional body to address the needs and guarantees the Michoacan enjoy this human right. After then, regarded as a fundamental right, the State is required to update their legislation in favor of citizens, provided dignify their condition, so, to propose instauraión of an Environmental Tribunal, not with the aim of cover a purely legal aspect, the purpose is to have a certainty that people tangan easy to go to a judge to settle their disputes and that it determines their rights through a sentence; undoubtedly, would generate positive implications in determining aspects in our society. One of the main problems presented in the Environmental Law is the dispersion of their provisions; it is no wonder, if it takes into consideration that it is relatively new, however, the 4th Article of our Constitution, establishes the right to a healthy environment, as a human right, in such a way that it becomes an exigency and a duty of respect to preserve the environment, the above, empowers the legislature to enact laws that achieve the purpose of the constitutional rule to give effect to this right. It is for this reason, that in this investigation, we want to point out the necessity for an Environmental Court in Michoacán State, in order to prevent, establish, compensate and sanction for damage to the environment, the above, by a process established and contained in the Federal Law of Environmental Responsibility.

En el Estado de Michoacán de Ocampo, existen instituciones que pueden tender a dar eficacia a las normas constitucionales en tratándose del Ambiente; sin embargo, no hay un órgano jurisdiccional específico que atienda las necesidades y garantice a los michoacanos el gozar de ese Derecho Humano. Luego entonces, al considerarse un Derecho Fundamental, el Estado está obligado a actualizar sus ordenamientos jurídicos en pro de los ciudadanos, con tal de dignificar su condición, de tal manera, al proponer la instauración de un Tribunal Ambiental, no es con el afán de cubrir un aspecto netamente jurídico, el propósito es contar con la certeza, que las personas tangan facilidad de acudir a un juez para dirimir sus controversias y que éste determine sus derechos a través de una sentencia; sin lugar a duda, generaría consecuencias positivas en aspectos determinantes en nuestra sociedad. Dada la actual condición ambiental, se han vivido diversos fenómenos naturales, que nos llevan a deducir que el actuar del hombre rebasó en conducta a los delitos previamente tipificados en el Código Penal del Estado, incrementándose hechos y circunstancias, que nos llevan a atender de manera emergente el reclamo del entorno y como medida de solución la propuesta es la creación de un Tribunal Ambiental, que permita responder de forma oportuna y eficaz el derecho a un ambiente sano. En la práctica se observa que la norma y los procedimientos son bastantes precarios; además el que no se cuenta con un criterio unificado en la forma de conocer, tramitar y resolver todos aquellos problemas que se presentan, con motivo de su aplicación. Luego entonces, al existir un Tribunal Ambiental, se pretende que cobre dinamismo y hasta cierto punto se logre hacerlo congruente con la realidad del Estado, un Tribunal que esté revestido de fuerza coercitiva para prevenir y sancionar a los infractores del Derecho Ambiental.