On June 11, 2011, the constitutional reform in the field of human rights took effect; for his part, June 19, 2011, the constitutional reform in the field of criminal justice and security (2008), did the same so it refers to the prison system and to the prosecution of criminal sanctions. This normative evolution has placed us against a particularly relevant paradigm: on the one hand, the judicialisation of the execution of criminal sanctions means that judges shall deal with the procedures related to the last -and not least- stage of the criminal process: the executive; and, on the other hand, in the exercise of this new function, must be promoted, respected, protected and guaranteed the human rights of persons linked with procedures such. This study identifies human rights and proposed mechanisms for fulfilling such duties, with special attention to persons deprived of liberty.
El 11 de junio de 2011, cobró vigencia la reforma constitucional en materia de derechos humanos; por su parte, el 19 de junio de 2011, hizo lo propio la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad (2008), por lo que se refiere al sistema penitenciario y a la judicialización de las sanciones penales. Esta evolución normativa nos ha colocado frente a un paradigma especialmente relevante: por una parte, la judicialización de la ejecución de las sanciones penales significa que corresponderá a los jueces ocuparse de los procedimientos relacionados con la última –y no por ello menos importante– etapa del proceso penal: la ejecutiva; y, por la otra, en el ejercicio de esta novedosa función, deberán promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse los derechos humanos de las personas vinculadas con ese tipo de trámites. En este trabajo de investigación se identifican los derechos humanos –reconocidos en sede constitucional y convencional– y se proponen mecanismos para cumplir con tales deberes, poniendo especial atención en las personas privadas de la libertad.
