In this work is a documentary analysis of the legal framework of the Superior audit of Michoacán and the Secretary of State Comptroller as responsible for the monitoring and control of public resources, as well as the supervision of the exercise of public servants. The study of their target, reach and limits according to the existing laws and guidelines at the international level on internal and external control, allows understanding that even with approaches different both instances must be complementary to make public administration more efficient. In other words, if the control that performs the audit is when were already exercised public resources, the Comptroller must ensure the effective budgetary control during his tenure. The coordination of these actions will create conditions to avoid duplications and omissions, as well as a broader reach in their respective reviews and results. It is also concluded that the redesign constitutional and legal 2015 of the Comptroller to provide it with functional independence when converting coordination secretariat of the centralized public administration and of the Superior audit to establish that you will have greater capacity to decide both in their internal organization as in the exercise of its budget, operation and resolutions, must be strengthened with the layout full of the local Congress and the State Executive to comply with and enforce the laws and commitments to society above personal interests or political whims, adding to that political participation by means of social control, as well the activities of the mechanisms of control become real deterrents of corrupt practices, financial mismanagement and effective tools that promote transparency and accountability.
En este trabajo se realiza un análisis documental del marco jurídico de la Auditoría Superior de Michoacán y de la Secretaría de Contraloría del Estado como encargadas de la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, así como de la supervisión del ejercicio de los servidores públicos. El estudio de sus objetivos, alcances y límites de acuerdo a los ordenamientos jurídicos vigentes y lineamientos generales a nivel internacional sobre control interno y externo, permite comprender que aún con enfoques diferentes ambas instancias deben complementarse para hacer más eficiente la gestión pública. En otras palabras, si la fiscalización que realiza la Auditoría es después de que ya fueron ejercidos los recursos públicos, la Contraloría debe procurar el efectivo control presupuestario durante su ejercicio. La coordinación de estas acciones generará condiciones para evitar duplicidades y omisiones, así como un mayor alcance en sus respectivas revisiones y resultados. Además se concluye que el rediseño constitucional y legal del 2015 de la Contraloría para dotarla de independencia funcional al convertirla de Coordinación a Secretaría de la Administración Pública Centralizada y de la Auditoría Superior al establecer que tendrá mayor capacidad para decidir tanto en su organización interna como en el ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, debe ser reforzado con la disposición plena del Congreso local y del Ejecutivo estatal para cumplir y hacer cumplir las leyes y los compromisos para con la sociedad por encima de intereses personales o vaivenes políticos, sumando a esa voluntad política la participación ciudadana mediante el control social, así las actividades de los mecanismos de control se convertirán en verdaderos disuasivos de prácticas corruptas, malos manejos financieros y en instrumentos eficaces que estimulen la transparencia y la rendición de cuentas.
