Criminalización en Michoacán en el periodo de transición hacia el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal. Un estudio de caso

Abstract

Dominant social order is arranged according to a set of rules that guide on the approved and disapproved ways of thinking, behaving and evaluating. That set of rules also allows people to distinguish between convergent and divergent behavior. The last one motivates responses to counteract it and prevent it from occurring in the future. Social control mechanisms are dominant social order anticipations and responses, face up to a real or a possible divergent behavior. Criminal legal system is considered a trilateral social control, institutionalized and formally punitive, which is made up of rules, categories, principles and institutions, included roles and social actors. Legislative institutions take on primary criminalization through designing divergent behavior catalogs. Due to the impossibility for authorities to control all criminal offences, they select only those that they can actually take charge of. This phase is called secondary criminalization, in which police, prosecution authorities and judges take part. Because of the constitutional reform from June, 2008, this three parts had to reorganize in order to function according to the new logic of the Mexican criminal system. Nevertheless, in Michoacán the new laws came to light three and a half years before, starting a period of transition in which authorities had to apply the traditional system rules and the accusatory ones. If the new laws came after a long wait, the reorganization was delayed a little more, not to mention the structural changes.

El orden social dominante está dispuesto de acuerdo a un conjunto de normas que orientan acerca de las maneras aprobadas y desaprobadas de pensar, actuar y realizar valoraciones; además, permiten distinguir entre conductas conformes y conductas divergentes. Las segundas motivan respuestas para contrarrestarlas y evitar que vuelvan a ocurrir. Los mecanismos de control social son anticipaciones y respuestas del orden dominante frente a la desviación actual o posible. El ordenamiento jurídico penal es una forma de control social trilateral, institucionalizado y formalmente punitivo, que se integra tanto por normas, como por categorías, principios e instituciones, incluidos sus roles y actores. Las instituciones con funciones legislativas se ocupan de la criminalización primaria, son las que diseñan los catálogos de conductas divergentes que se pretenden controlar. Debido a la imposibilidad de que las autoridades ejerzan control social sobre todos los delitos, realizan una selección de las conductas que en realidad entrarán en su órbita operativa. A esta fase se le conoce como criminalización secundaria y en ella intervienen la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Consecuencia de la reforma constitucional de junio de 2008, estas tres instituciones estuvieron obligadas a reorganizarse para operar en la nueva lógica del sistema penal. No obstante, en Michoacán los nuevos ordenamientos comenzaron a publicarse tres años y medio después, con lo cual inició un periodo de transición en el que las autoridades debieron aplicar normas del sistema tradicional y del acusatorio. Si los ordenamientos se hicieron esperar, la reorganización se demoró un tanto más, y ni hablar de los cambios estructurales