The Mexican authoritarian presidency was transformed following the loss of the parliamentary majority party President in Congress in 1997 and the alternation of the Presidency of the Republic raised in 2000, in a party-without it you are bounded in the Political Constitution of the Mexican United States citizens suffer especially media participation for questioning, and challenging partidocráticas endorse behaviors that affect governance in the country. It is not unknown to the author that the Mexican Constitution provides a number of safeguards that allow citizens to freely associate for lawful purposes, express, demonstrate and make claims to authority. Nevertheless, in our Constitution is not in force figures to encourage the active participation of citizens in decision-making which although powers of authority, have a high impact on the community. Consistent with what was stated, supra, the political parties represented in Congress, from 2000, have served as an obstacle to initiatives of the Federal Government and the adoption of legislative items necessary for the country, involving legal reforms , privileging, in many cases, the interests of their political parties or groups, without taking into account what is the opinion of the public about it. Proof of this is the removal of the Electoral Federal Electoral Institute of Directors and, in time, the designation of who should hold such a request; Televisa
El presidencialismo autoritario Mexicano se transformó, a raíz de la pérdida de la mayoría parlamentaria del Partido del Presidente en el Congreso de la Unión en 1997 y de la alternancia en la Presidencia de la República suscitada en el año 2000, en una partidocracia sin que ésta se encuentre acotada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos máxime que los ciudadanos adolecen de medios de participación que permitan cuestionar, avalar e impugnar las conductas partidocráticas que afectan la gobernabilidad al país. No resulta desconocido para el autor que la Constitución Política mexicana prevé una serie de garantías que permiten a los ciudadanos asociarse libremente con fines lícitos, expresarse, manifestarse y plantear demandas a la autoridad. Pese a ello, en nuestra Carta Magna no se encuentran vigentes figuras que incentiven la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones que si bien son facultades de la autoridad, tienen un alto impacto en la colectividad. En consistencia con lo expresado, ut supra, los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a partir del año 2000, han servido como obstáculo para iniciativas del Ejecutivo Federal y la aprobación de productos legislativos necesarios para el país, que implican reformas legales, al privilegiar, en muchos de los casos, los intereses de sus partidos políticos o grupos, sin tomar en cuenta cuál es la opinión de la ciudadanía al respecto. Prueba de ello es: la remoción de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral y, en su momento, la designación de quienes debieran ocupar tal encargo; la Ley Televisa, la Reforma Energética, la Reforma Política y la Ley de Seguridad Nacional, por mencionar algunas.
